Del 4 de agosto al 4 de septiembre se abre el plazo para poder solicitar las dos viviendas de promoción pública en régimen de alquiler que en la actualidad hay en la ciudad, tras la reubicación de todos los vecinos de los conocidos como “Pisos Rojos”, Algunos de estos vecinos han sido ubicados en distintas viviendas públicas, mientras que otros han elegido otras opciones. Mientras tanto, en la actualidad se construyen los nuevos bloques que sustituirán esos pisos.

María Lozano, concejal de Servicios Sociales, ha dado a conocer este proceso de adjudicación que se abre a partir del próximo 4 de agosto y que supondrá elaborar un nuevo listado de solicitantes de viviendas de promoción pública. Un listado que tendrá una vigencia de seis meses. Lozano señala que desde hace algún tiempo se han ido presentando demandas de viviendas sociales, y ahora que se abre el plazo, explica, es necesario actualizar los datos de las personas que quieran participar en este proceso de adjudicación, por lo que hay que pasar por los Servicios Sociales para cumplimentar la solicitud y actualizar los datos, ya que hay que acreditar la necesidad de la vivienda.

En cuanto al proceso en sí, Lozano explica que se hará mediante el sistema de valoración. Un sistema que el gobierno villanovense considera que es sinónimo de garantía de transparencia y de igualdad de oportunidades para todos los aspirantes a una de estas dos viviendas.

En concreto, se valorará la situación socioeconómica de la familia, desde los ingresos, a los miembros de la unidad familiar, la posesión o no de bienes, entre otros. Una vez se hayan valorado todas las solicitudes, añade Lozano, se publicará un listado con el baremo y ese orden será el que establezca la prioridad. Los dos primeros obtendrán la vivienda, y a partir de ahí habrá una lista de espera y si queda alguna vivienda libre, se adjudicará al siguiente de la lista.

Por lo que respecta a los requisitos, Lozano recuerda que además de los indicados están otros como el residir en Villanueva desde hace, al menos, 3 años y en lo que sí se va a ser muy riguroso, añade, es en aspectos que están vinculados al convivencia y el cumplimiento de las normas. Entre ellas está el que el solicitante no haya ocupado una vivienda de forma ilegal, si se ha dado esta circunstancia ha de haberla abandonado antes de que se haya producido una orden judicial de desahucio. Tampoco podrán aspirar aquellos que hayan sido condenado o estén pendientes de cumplir una pena. La conducta, subraya Lozano, ha de ser correcta y que no genere problemas.

Para llevar a cabo todo este proceso, se va a constituir una comisión local de vivienda, que es un órgano que velará por el correcto cumplimiento de las normas en todo el proceso de valoración y elaboración del baremo. Una comisión que estará integrada por representantes de la Corporación, tanto del gobierno como de los otros grupos, dos representantes sindicales, un trabajador social, tres representantes de los solicitantes y el secretario de la Corporación.

Desde el gobierno local, subraya, se trabaja para que haya igualdad de oportunidades y haciendo especial hincapié en aquellas personas que más dificultades están teniendo.