La Audiencia Provincial de Mérida absuelve en lo que el abogado José Miguel Domínguez califica de sentencia poco afortunada, a Francisco García Ramos; que en su día fue condenado por el Juzgado de Don Benito por insultos e injurias hacia la persona del alcalde, Miguel Ángel Gallardo, y su jefa de gabinete, María Victoria Andújar.
En palabras del letrado, esta segunda sentencia contra la que no hay recurso, no tiene nada que ver con la primera que daba la razón a los demandantes. Una sentencia que estaba bien trabajada y fundamentada, subraya Domínguez Cidoncha. Ha sido revocada, añade, “con menos jurisprudencia, fundamentada lógicamente, pero muy escueta. Se nos dio la razón en Don Benito porque no todo vale, después de más de dos años de instrucción y ahora en Mérida le absuelven; porque se dice que es todo en un contexto político”.
Domínguez esgrime que el insulto políticamente no es saludable, máxime con la publicidad que se ha dado a esos insultos en muchas ocasiones a través de una emisora. No todo vale, añade, “bajo el paraguas de la libertad de expresión y aunque se tiene derecho a ella, no te da el derecho a insultar. Pero en Mérida se pasa por este asunto de puntillas y atribuye a García Ramos el ser político. No lo es ni tampoco periodista, pero lo contextualiza en la vida pública”.
Aunque como no puede ser de otra forma, indica Domínguez, se respetan las decisiones judiciales, “no nos parece la sentencia afortunada y para nosotros es manifiestamente injusta. Máxime teniendo en cuenta que en el juicio de Don Benito, García Ramos quería llegar a un acuerdo para que la sentencia no le fuera tan gravosa económicamente; lo que supone que asumía su culpa. Pero ni Gallardo ni Andújar estaban por este acuerdo, querían aceptar la decisión judicial que hubiera y en el caso del juzgado dombenitense, les dio la razón”. Al final, una buena sentencia se ha resuelto con un flaco favor a una persona pública como es el alcalde.
En opinión del letrado, hay dos sentencias claramente contradictorias y lo que sí está claro es que ha habido insultos registrados en audios y transcritos, sobre los que en Mérida no se dice nada y da por hecho que el alcalde por ser político, puede soportarlo y aceptarlo, añade. Esta sentencia, añade Domínguez, “contribuye, como otras sentencias polémicas que se dictan, a que todo está permitido; cuando en realidad no se debe insultar a nadie, está en el Código Penal y hay delitos tipificados”.
Un político tiene también derecho, añade, a la tutela de su persona e imagen, pero la sentencia “da carta blanca para que un político soporte estas situaciones a pesar de saber que muchas de las afirmaciones y acusaciones no son ciertas”.
Para el abogado, hay que continuar denunciando situaciones de este tipo, “y si García Ramos vuelve a hacerlo, hay que seguir denunciándole, y aunque esta vez le han absuelto, espero que en la próxima no tenga tanta suerte”.
