Con los votos a favor del grupo municipal del PSOE y el grupo municipal de IU, y los votos en contra del grupo municipal del PP; el pleno de la Corporación ha aprobado este jueves, 20 de febrero, la formalización de un conflicto en defensa de la autonomía municipal. De lo que se trataba en este único punto del pleno extraordinario era de aprobar la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la recientemente aprobada Ley de Administración Local, en diciembre pasado. Una propuesta presentada por PSOE e IU.
Una aprobación que ha supuesto, según el portavoz municipal Manuel Mejías, que por primera vez en la historia de la democracia española, todos los partidos representados en el Congreso, a excepción del PP, han acordado presentar este recurso porque supone un ataque al municipalismo. De hecho, añade, es la primera vez que más 3.500 ayuntamientos, además de diputados y dos comunidades autónomas, Andalucía, Canarias y Asturias; presentarán de forma conjunta un recurso ante el Constitucional.
Con esta ley, argumenta los municipios se juegan su futuro, ya que les resta un buen número de competencias y anulará a los municipios menores de 20.000 habitantes, quitando servicios mínimos obligatorios que pasarán a manos privadas a través de las diputaciones, al tiempo que establece mecanismos para la tutela por parte de otras administraciones superiores. Otro aspecto importantísimo, añade, es que vulnera el principio democrático, ya que cuando en determinados asuntos que se tengan que aprobar en un pleno, no se consigue la mayoría absoluta en la primera votación; pasará a la junta de gobierno, privando así a la oposición de debatir sobre determinados asuntos.
El portavoz municipal señala que con esta ley, además, el PP a la privatización y desaparición de los servicios sociales que los ayuntamientos prestan, y que son las administraciones que más cercanía tienen y mejor conocen los problemas de sus ciudadanos. El PP, añade, utiliza la actual crisis para aplicar ideología y quitar derechos. Es una ley, además, que ataca también al empleo y supondrá despedir a más trabajadores, propiciará la eliminación de las entidades locales menores y en el caso de Villanueva, es un ataque directo a 4.000 vecinos de Villanueva, que se verán muy perjudicados.
Por su parte, Encarna Muñoz, portavoz de IU, se pronunció en similares términos indicando que esta ley ataca de raíz al gobierno municipal, perdiendo los ciudadanos su institución más cercana, su referente. Además, no mejora la eficacia y tampoco hay ahorro y lo que provocará es que cada vez más los ayuntamiento estén más privatizados y se da un poder enorme a las diputaciones, algo que IU rechaza. Además, la coalición considera que con la implantación de esta ley se potencia la duplicidad de competencias.
Para IU con esta ley apoyada sólo por el PP, lo único que se consigue es retroceder años y volver a un estado que lo controla todo, cuando ya hay una ley, expresa, que controla los gastos y la financiación de los ayuntamientos. No hay dato objetivo alguno, añade Muñoz, que avale que los servicios públicos con esta nueva ley vayan a ser de calidad y más baratos.
En opinión de IU, lo único que se busca con esta ley es quitar democracia participativa no sólo a los ciudadanos, sino a los propios ayuntamientos. Un cambio que no se sustenta por querer ahorrar y racionalizar, subraya, sino con el fin de controlar la democracia de los ayuntamientos.
José Antonio Manzano, portavoz popular justifica esta nueva ley indicando que es necesaria tras la reforma del artículo 135 de la Constitución. Con esta reforma expresa, los servicios que los ayuntamientos presten, lo harán de forma más eficiente y sostenible. Además, indica, garantiza el correcto funcionamiento de los municipios y sus entidades locales menores, al tiempo que se eliminan duplicidades y supone que no se gastará más de lo que se tiene y se acomodan los ingresos y los gastos. Al tiempo que potencia las diputaciones y ofrece más transparencia en la gestión pública, esgrime.
