El pleno ordinario del mes de marzo, celebrado el pasado día 30, aprobó varios asuntos de interés entre los que está la aprobación  definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de abastecimiento de agua potable y servicios complementarios. Un punto que contó con el apoyo del grupo de gobierno y con los votos contrarios de la oposición, PP e IU. 

Al igual que sucediera en el debate inicial de esta modificación, desde el gobierno se insiste en que no es una subida, sino que se trata, explica María Lozano, portavoz del equipo de gobierno, en que es una cuota de inversiones y no una subida. Además, añade, es necesaria y se destinará a la mejora de la red de abastecimiento y la construcción de un depósito alternativo al actual. La cuota de inversiones en la ciudadanía, explica, para el año 2017 es de 0,41 céntimos al mes, 1,25 euros al trimestre; mientras que en el periodo 2018-2033, será de 0,83 céntimos, 2,05 euros al trimestre.

Estas inversiones están valoradas en 2.017.437,50 euros y permitirán a corto y medio plazo la sustitución del 57% de las tuberías de fibrocemento que aún existen en la ciudad y que tienen una antigüedad superior a 40 años. Además, recuerda Lozano, se contempla la construcción de un depósito alternativo al actual para evitar cortes en el suministro de agua cuando se realicen actuaciones de mantenimiento en el actual. 

Tras la aprobación inicial de esta modificación, la coalición presentó unas alegaciones que no han sido estimadas. Además, también desde las filas populares se señala que no se está de acuerdo con estas alegaciones “por no coincidir en la argumentación de las mismas, al tiempo que se mostró contrario a la aprobación, ya que se considera una subida de la tasa para hacer frente a las infraestructuras, haciéndolo de manera igualitaria ya que todos los ciudadanos pagarán la misma cantidad cuando no todos consumen lo mismo” Los populares pidieron que el  Ayuntamiento asumiera el coste con remanentes de tesorería.

Por otra parte, con los votos favorables del PSOE y la abstención de PP e IU se aprobó el proyecto de ejecución de integración de zonas comerciales en la travesía de la carretera EX-206, tramo urbano: glorieta del General Muñoz Gil-glorieta acceso a zonas comerciales, que se va a cofinanciar mediante la imposición y ordenación de contribuciones especiales. Un proyecto que asciende a 233.559 euros y que se financiará el 20% por el Ayuntamiento, y el resto por los propietarios de los parques comerciales dependiendo del terreno que tiene cada uno. Con esta actuación, destaca María Lozano, se facilitará el acceso a las personas que optan por acceder a dichas zonas a pie, ya que se pondrán acerados a cada lado, se ensanchará la mediana y se colocará señalización semafórica y pasos de peatones.

El portavoz popular, Manuel Lozano, dijo no estar de acuerdo en cómo se está llevando a cabo el desarrollo comercial de la ciudad, al tiempo que señala que su grupo considera que no es el momento oportuno para invertir recursos públicos en esta zona, ya que esa inversión supone el doble de lo que se dedica a la campaña  de promoción del comercio, por lo que dijo que considera necesaria de un plan de comercio elaborado por profesionales. Desde el gobierno se indica que el comercio es una de las grandes preocupaciones del gobierno local y muestra de ello, señala, son las distintas actuaciones que han realizado y que verán su continuidad en las calles adyacentes al centro para convertirlo en una plataforma única. 

Por su parte la portavoz de IU, Encarna Muñoz, dijo, que está de acuerdo en que los ciudadanos accedan a estos centros comerciales con seguridad pero no con la aportación que hace el Ayuntamiento que podría ser menor, asumiendo el 10% del coste en lugar del 20%.

La ordenanza reguladora del sistema de control por cámaras del acceso de vehículos a zonas de tráfico restringido del centro urbano también salió adelante con los votos favorables del equipo de gobierno y la abstención de la oposición. Una ordenanza cuya principal finalidad es reducir el tránsito de vehículos para blindar la seguridad de los peatones, indicó María Lozano.

Para el PP, la ordenanza es razonable pero no así las sanciones que se impondrán a los infractores, que serán de 200 euros o de 100 si se paga en plazo,  que aunque son las que marca la ley, señaló Lozano, “son muy genéricas y debería contemplarse establecer sanciones específicas”.

Otro de los asuntos que salió adelante, con los votos a favor del gobierno y en contra la oposición,  fue la cesión gratuita a la Diputación de Badajoz de una parcela de 7.005 metros cuadrados ubicada en el  polígono industrial Montepozuelo. El destino es para el parque móvil de la Diputación y  el consorcio Promedio. Una medida, según el equipo de gobierno, que servirá para dinamizar este polígono en el que en las últimas semanas se han hecho 20 reservas y vendido 8 naves. El portavoz popular dijo que esperaba que así fuera, pero que en lugar de la cesión proponía que se construyeran allí naves para ubicar servicios municipales, mientras la portavoz de IU, señaló que el terreno debía cederlo la Junta de Extremadura, que es propietaria del polígono.

Por unanimidad se aprobó un convenio de colaboración con la coonsejería de Sanidad y Políticas Sociales, así como  la adhesión al convenio con la Junta de Extremadura, la Fempex,  Iberdrola y Endesa, para garantizar a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad el acceso a los suministros vitales. Ya en turno de urgencia se aprobó por unanimidad la modificación de los estatutos de la Mancomunidad Don Benito – Villanueva de la Serena.